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miércoles, 2 de septiembre de 2009

El Gobierno estadounidense apoya al Gobierno español en el Caso Odyssey

(1 de septiembre de 2009)

España remite al juez las alegaciones al recurso presentado por la empresa norteamericana

El abogado que representa al Gobierno español en el caso Odyssey presentó ayer al tribunal la respuesta de España a las alegaciones presentadas por la empresa Odyssey Marine Exploration, Perú y otras partes. El Gobierno de los Estados Unidos ha presentado también al tribunal estadounidense la posición oficial de los Estados Unidos en apoyo a los intereses de España: documentación jurídica preparada por el Departamento de Justicia del Gobierno americano incluyendo las posiciones del Departamento de Estado y de la Armada estadounidenses.

El Ministerio de Cultura agradece el apoyo del Gobierno estadounidense ya que éste representa el interés común de los gobiernos español y estadounidense por proteger la inmunidad soberana del pecio Nuestra Señora de las Mercedes, evitar la perturbación ilícita de navíos que formen parte del patrimonio nacional de sus respectivos países, y respetar el lugar donde descansan los restos de aquellos que murieron mientras prestaban servicios a su país.

El proceso legal en Estados Unidos requiere que todas las partes que se presentaron en el proceso judicial argumenten ante el juez Steven Merryday la legitimidad de la decisión tomada el pasado mes de junio por el magistrado Pizzo que reconoció todos los derechos de España y la aplicación del principio de inmunidad soberana del Estado español sobre el pecio Nuestra Señora de la Mercedes.

Ante el informe y recomendación emitido por el magistrado Pizzo, el abogado del Gobierno español demuestra y argumenta que dicha decisión refleja un correcto y cuidadoso análisis de la evidencia y de los principios legales que establecen que el pecio, los marineros, las monedas y demás objetos están protegidos de perturbaciones ilícitas y explotación comercial. Igualmente reconoce que los tribunales de otros países deberían unirse al Estado español en la protección del patrimonio histórico subacuático para el beneficio público.

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